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ODS 7 • Alicante • Sep 2021
El Consejo de Administración (Aguas de Alicante) analiza el desarrollo de los 14 proyectos por 104 millones de euros incluidos en el Plan integral de reutilización de agua depurada en l'Alacantí • También se han revisado las actuaciones en marcha como la renovación del abastecimiento a Rabasa o las obras para duplicar la capacidad de la estación de bombeo de El Pla
Tras la celebración del tercer Consejo de Administración de Aguas Municipalizadas de Alicante (AMAEM) correspondiente al año 2021 se ha anunciado el próximo desarrollo de una planta solar de 2,45 megavatios —incluida en los presupuestos de 2022— que permitirá avanzar hasta el 18% de su autosuficiencia energética. Al mismo tiempo, se han revisado los 14 proyectos por 104 millones de euros del Plan integral de reutilización de agua depurada en l'Alacantí.
El huerto solar permitirá la generación de energía renovable en un terreno de 6Ha de extensión, propiedad de la compañía. En fase de anteproyecto redactado, se trata de una planta Solar Fotovoltaica de 2,45 MWp, con una capacidad de generación de 5 GWh/año, una autosuficiencia energética del 18 % y una vida útil estimada de 30-40 años.
Este proyecto pone de manifiesto la apuesta firme de Aguas de Alicante por las energías renovables. Se busca la autosuficiencia energética fomentando las instalaciones fotovoltaicas, al tiempo que se desarrollan proyectos de reutilización integral del agua depurada y de vertido 0 al mar, que redundará en mejora del riego de campos agrícolas y zonas verdes y también de la calidad de las aguas costeras.
El Consejo ha analizado la evolución del proyecto "Plan integral de reutilización de agua depurada en L´Alacantí": 14 iniciativas ya definidas por Aguas (45 MME) a nivel de Anteproyecto o memoria valorada; otras iniciativas en estudio con la DGA, EPSAR y Regantes; y la presentación del proyecto a los Fondos Europeos de Reconstrucción, entre otros.
Con un valor de 104.390.000€, este plan integral tiene como objetivos fundamentales: lograr la reutilización del 100% del agua depurada de Alicante y conseguir simultáneamente el vertido cero a las aguas costeras.
Para ello, contempla la mejora de los sistemas de depuración para mejorar, a su vez,
En el aspecto medioambiental, el plan supondrá una mejora sustancial de la calidad de las aguas de la bahía de L'Alacantí, yendo mucho más allá del actual cumplimiento de la legislación. Junto a ello, la disponibilidad de los nuevos caudales traerá una reducción de la extracción de agua de los acuíferos del Vinalopó, recientemente declarados en sobreexplotación.
Además, y como consecuencia de la mejora de la calidad de las aguas de la bahía, de la ampliación de redes de agua regenerada y de la creación de nuevos espacios verdes, se espera que el atractivo de Alicante como destino turístico de calidad se verá beneficiado.
Por otro lado, y en el aspecto económico, el plan integral en el que trabaja Aguas de Alicante permitirá el aporte al sector agrícola de nuevas aguas de calidad, a un precio competitivo y con totales garantías.
Evolución de las obras
En el apartado dedicado a las obras, en cuanto a las que está finalizadas, se han llevado a cabo actuaciones para el refuerzo y reversibilidad de las redes arteriales en Alicante; actuaciones de sectorización y renovación de la red de agua potable en los sectores Montoto y Nou Alacant; y la renovación de la red de abastecimiento del barrio de Rabasa en Alicante por actuación de urbanización municipal.
Asimismo, en relación con las que se encuentran en ejecución, se han destacado: la renovación del colector de saneamiento en Reyes Católicos (Fase I), cuyos objetivos son renovar los colectores en mal estado de conservación, aumentar la capacidad hidráulica del colector general y reurbanizar la calle Alemania, no planificado inicialmente, a pesar de lo cual se mantienen los plazos de ejecución de la obra para octubre de 2021.
Y, por último, el proyecto de desdoblamiento de la EBAR El Plá, con fecha prevista de finalización para febrero de 2022 y que tiene como objetivo duplicar la capacidad de bombeo actual, para minimizar los alivios en lluvias moderadas, así como mejorar sus condiciones de operación y mantenimiento. • 9/21
ODS • Alegaciones a restricciones • Dic 2020
València reclama protagonismo y recursos en la transición energética y la eliminación de la restricción de los 500 metros del autoconsumo
El Ayuntamiento de València, junto con una cincuentena de consistorios y entidades locales, ha presentado alegaciones conjuntas a la consulta pública del gobierno central sobre las comunidades energéticas.
En las alegaciones se reivindican mecanismos sencillos y unificados para su tramitación, recursos y herramientas para impulsarlas, capacidad de participación directa en las normas que les afectan, facilitar el bono social y un sistema de gobernanza de la energía más democrático.
“Con estas alegaciones, el Ayuntamiento de València se suma a las reivindicaciones para tener no solo ve reconocido su papel en la transición energética, sino también los medios para hacerla realidad en nuestra ciudad”, ha explicado el concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramon.
“En València estamos impulsando estas comunidades como un proyecto de ciudad respaldado por Alcaldía y tenemos ya dos proyectos pilotos en Aiora-l’Illa Perduda y en Castellar-l'Oliveral, que se verán directamente afectados por esta nueva reglamentación y podrían beneficiarse de las modificaciones propuestas para favorecer el abastecimiento en energía renovables de toda la ciudadanía”, ha detallado.
Las alegaciones responden a la consulta pública planteada por Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, cuya finalidad era recabar la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en el desarrollo de las comunidades energéticas, para la transposición al ordenamiento jurídico español de las directrices europeas del mercado interior de la electricidad y la de energías renovables.
Estas directivas establecen que los países de la Unión Europea han de garantizar en su ordenamiento nacional el derecho a producir, consumir, almacenar y vender la propia energía renovable de la ciudadanía. En ellas se establecen dos modelos de comunidades locales de energía: la comunidad de energías renovables y la comunidad ciudadana de energía.
Las alegaciones reclaman acudir a un escenario ambicioso de gestión ciudadana y municipalista de la energía, a la vez que tratan de dar todas las garantías para que las Comunidades Energéticas operen sin afectar a la seguridad del sector eléctrico.
Además, dos de las alegaciones plantean que las comunidades energéticas puedan extender las experiencias de autoconsumo más allá de la limitación actual de los 500 metros y que puedan operar en red de media tensión, permitiendo estrategias de producción cooperativa municipal.
En aras de mejorar el acceso a la energía para la población en situación de vulnerabilidad, los ayuntamientos proponen que “las comunidades energéticas puedan facilitar el bono social o las ayudas que existan en materia de pobreza energética, al igual que deberían poderlo hacerlo todas las comercializadoras y no solo las de referencia”.
Se propone también “crear marcos locales de intervención que permitirían hacer de la energía un vector de transformación de la ciudad”. También se contempla que las comunidades energéticas puedan operar como suministradoras, tal como plantea la directiva, cumpliendo una serie de requisitos y con menos exigencias normativas que las que se contemplan para las comercializadoras de ámbito estatal.
A su vez, dichas comunidades podrán operar en la red de distribución, tal y como plantea la directiva. Para que dicha operación se dé con todas las garantías, se entiende que debería hacerlo de la mano de una distribuidora.
“Esto podría añadir un dinamismo económico local, como el que está provocando en Alemania y otros países, que reporte beneficios para el municipio, sus vecinas y vecinos, sí como para el tejido comercial e industrial”, apuntan las alegaciones.
Entre los ayuntamientos que han suscrito las alegaciones se encuentran los de València, Barcelona, Cádiz, Palma, Lleida y Girona. • 12/20
ODS • Movilidad • Nov 2020
El gobierno de la región de Bruselas ha contactado con la Alcaldía de València para solicitar poder trabajar con la Concejalía de Movilidad Sostenible de València de cara a implementar medidas similares a las puestas en marcha en la capital del Turia
“Mi equipo ha analizado una serie de ciudades europeas que han desarrollado una política similar y destaca que la ciudad de València ha atraído toda su atención por su ambición y la coherencia de su política de reducción de velocidad con miras a una mayor seguridad vial y comodidad para las personas”. Con estas palabras, Elke Van Den Brandt, responsable del Ministerio de Movilidad y Seguridad Vial de la región de Bruselas Capital (una de las tres regiones que componen Bélgica) ha resumido los motivos por los que hace escasos días se ha puesto en contacto con el alcalde de València, Joan Ribó, de cara a solicitar la colaboración de la Concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València para articular las futuras políticas de movilidad de la región de la capital belga.
Desde la Concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, el concejal Giuseppe Grezzi ha contactado ya con el equipo de Van Den Brandt y se ha puesto a su disposición para favorecer el trabajo conjunto de colaboración entre ambas administraciones. “Desde que empezamos a trabajar en la Concejalía de Movilidad siempre reconocimos que la inspiración de nuestras políticas venía de los casos de éxito de otras ciudades, y es un placer y un honor que cinco años después de empezar a mejorar la ciudad, València y sus políticas de movilidad sean ahora también inspiración de ciudades tan importantes como Bruselas”, ha apuntado Grezzi.
Según le traslada al alcalde en su escrito, el gobierno de la capital de Bruselas aprobó en marzo del presente año un nuevo Plan Regional de Movilidad (denominado God Move), que posteriormente obtuvo el reconocimiento ‘Safe Walking and Cycling’ de la Comisión Europea dentro del concurso de planes de movilidad urbana sostenible gracias a sus claros y ambiciosos objetivos: limitar la velocidad a 30 km/h en 2021, el objetivo de “cero muertes” en accidentes de tráfico para 2030 y una infraestructura adaptada para hacer que caminar y circular en bicicleta sea placentero y seguro.
Es en este marco, cuando estos objetivos se tienen que llevar a la práctica en forma de acciones y una planificación política, en el que la titular de Movilidad de la región belga traslada a Ribó su petición de contactar con el concejal “responsable de las cuestiones de transporte y movilidad” con la finalidad de que “nuestra región pudiera inspirarse en sus logros y recopilar testimonios sobre la implementación” de sus políticas.
No se trata del primer caso de colaboración entre la Concejalía y el servicio de Movilidad Sostenible de València con administraciones y entidades especializadas de otras ciudades. Técnicos municipales o profesionales del sector de ciudades tan dispares como San Sebastián, Palma, Batrún (Líbano), Zwolle (Holanda), Dardeshaim (Alemania) o París, han contactado en los últimos años con València para conocer su experiencia de cara a implantar en sus ciudades medidas similares. • 11/20
Ecologismo • Ciudadanía • Sep 2020
El Servicio municipal de Jardinería Sostenible trabaja ya en Sociópolis, en una “intervención especial” que consistirá en la siega, corte y poda de arbustos, deshierbe selectivo y control de vegetación en los alcorques, repaso de las estructuras que sostienen y facilitan el crecimiento de plantas, eliminación de marras en arbolado y palmeras así como la aplicación de tratamiento fitosanitario • También se hará un repaso del mobiliario y se revisarán las redes de riego. Dentro de la intervención se abatirán 4 palmeras muertas. Está previsto que los trabajos duran entre 10 y 12 días
El vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha destacado que “para el desarrollo de esta intervención especial se destinarán entre 12-14 operarios en total”. "Queremos dejar la zona preparada y lista para los próximos meses", ha dicho. Se trata de una superficie de 34.820 metros cuadrados de praderas, tierra de cultivo (rosales, lirios, naranjos, etc.), zonas de juego infantil y diferentes viales.
Los trabajos han comenzado con la siega que está previsto que se alargue durante toda esta semana. A continuación se hará el deshierbe de alcorques y la poda de enredaderas y arbustos, rosales, etc. La próxima semana se abatirán las 4 palmeras muertas, se repasarán las marras de arbolado y se desarrollarán otras tareas de conservación y mantenimiento de las plantas. También la revisión del sistema de riego y del mobiliario existente. Para la realización de estos trabajos se utilizara la maquinaria habitual de mantenimiento de jardines tales como desbrozadoras, motosierras y otras herramienta de mano.• 9/20Ciudadanía • Salud • Jul 2020
La concejala del Ciclo Integral del Agua de València, Elisa Valía, ha presentado en rueda de prensa los resultados del sistema de un estudio municipal para detectar la presencia de la COVID-19 en las aguas residuales de la ciudad • Estos resultados demuestran que a mayor concentración de restos genómicos de COVID-19 en las aguas residuales, se produce un incremento de positivos por PCR • Se ha destacado esta correlación por su “capacidad para localizar un foco rápidamente y evitar cerrar València entera en el caso de un posible rebrote” • Se conformará una Comisión de Seguimiento con el fin de “anticiparse y poder tomar decisiones”.
Elisa Valía ha mostrado su “satisfacción” por los resultados que arroja el estudio, una “apuesta fuerte que pretendemos continuar seguro hasta final de año y probablemente el año que viene también”.
En este sentido, ha puesto en valor que “es un ejemplo de colaboración de la cuádruple hélice, de colaboración público-privada entre CSIC, Global Omnium y Ayuntamiento de València para dar un mejor servicio a la ciudadanía y protegerla de un peligro real como la COVID-19”. Valía ha reivindicado que “nos estamos preparando para un posible rebrote, porque nadie entendería que no estuviésemos preparados y, por ello, estamos trabajando”.
Gracias al estudio que promueve el consistorio, Valía ha asegurado que “a la luz de los resultados y de la metodología que estamos desarrollando, estamos preparados para afrontar con todas las garantías para afrontar una situación similar y, conseguir, que el impacto sea mucho menor en la sociedad en su conjunto y en la economía también”.
La concejala del Ciclo Integral del Agua ha destacado que “el Ayuntamiento de València está cumpliendo su responsabilidad como administración pública, preparándose y poniendo a disposición de los ciudadanos para controlar el posible contagio y las consecuencias de este”. El objetivo para el consistorio es según Valía “mejorar la capacidad de anticipación ante una posible situación similar y mejorar el proceso de toma de decisiones, que las decisiones que se tomen sean e la mejor calidad y se basen en datos objetivos que permitan optimizar los recursos que movilizamos”.
En cuanto a la metodología de trabajo, Valía ha explicado que “una de los mayores beneficios de este estudio es que nos permite localizar dónde se produce el aumento de los contagios en València, ya que queremos evitar a toda costa un cierre indiscriminado de toda la ciudad. Para ello debemos saber con el máximo detalle dónde está localizado el foco de contagio”.
La concejala ha indicado que en un inicio se dividió València en 24 sectores, ahora hay 30, donde se habilitó un punto que sirviera “de muestra representativa”. A día de hoy, el Ayuntamiento de València ha realizado más de 600 análisis que se recogen tres veces a la semana. Unos datos con los que Valía ha remarcado “el enorme esfuerzo que estamos haciendo tanto desde el ayuntamiento como desde las empresas implicadas”.
Por lo que respecta a los resultados, Valía ha destacado que “teníamos una tarea fundamental de validación de la capacidad anticipatoria de esta herramienta, y podemos confirmar que su capacidad es clara y está demostrada”.
Una fluctuación de cifras que han experimentado un ligero aumento en las últimas semanas, a partir del 8 de junio, que responde a la flexibilización de la movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas así como al incremento de las actividades, tal y como ha indicado Valía. La edila ha recalcado que los datos de este estudio municipal “han sido contrastados con otros datos e indicadores para entender mejor cuáles son las consecuencias de la diferencia de datos entre unos barrios y otros”.
La concejala del Ciclo Integral del Agua ha anunciado que el Ayuntamiento de València, tras el análisis de los resultados de este estudio, implementará tres nuevas medidas.
La primera de ellas es la creación de una Comisión de Seguimiento, que la próxima semana tendrá su primera reunión, y en la que participarán los servicios de limpieza, protección ciudadana y todos los que gestionan los equipamientos municipales en la que “daremos cuenta periódicamente desde el Ciclo Integral del Agua de los resultados para poder anticiparnos y poder tomar decisiones”.
La segunda consiste en “publicar en abierto todos los datos del estudio, de los análisis que vayamos haciendo, porque es un ejercicio de responsabilidad por parte de la administración”. Y la tercera trata de “impulsar una red de colaboración con otras ciudades, tanto de la Comunidad Valenciana como de España, porque pensamos que estas herramientas deberían estar al abasto de todas las administraciones locales y que es buena forma colaborar, porque compartimos problemas y queremos compartir también soluciones”.
Para terminar, Valía ha mandado un mensaje de tranquilidad a los valencianos y las valencianas para que “sepan que estamos trabajando, vigilando todo lo que ocurre en la ciudad para anticiparnos y que puedan retomar su vida con total normalidad lo antes posible. Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todos ellos”.
Una tranquilidad que también ha transmitido a los turistas, a quienes les ha asegurado que “València es un destino seguro” y que “pueden disfrutar de ella con total tranquilidad” ya que “la visita de turistas es muy importante, reactivar la economía implica reactivar también el sector turístico”. • 7/20
Legislatura 2009-2014 • PE en temas sociales
En esta legislatura, el Parlamento ha defendido los derechos de los consumidores en el mercado de la UE, incluido el sector de las compras por Internet, y ha garantizado el apoyo a los consumidores que necesiten ayuda.
El Parlamento ha contribuido a que sea más fácil viajar por el territorio de la Unión, bien sea por motivos profesionales o de ocio, y ha logrado un importante acuerdo con los gobiernos nacionales sobre la reducción de las tarifas de telefonía móvil (roaming), en particular para la transmisión de datos.
Los eurodiputados han defendido la seguridad alimentaria, la información al consumidor y el bienestar de los animales. También han contribuido a mejorar las normas sobre el etiquetado de los productos alimenticios y rechazaron la propuesta legislativa sobre "nuevos alimentos" cuando las autoridades nacionales se negaron a incluir la identificación obligatoria de los productos procedentes de animales clonados.
El PE aprobó la normativa que consolida los derechos de los consumidores europeos, especialmente en el ámbito del comercio electrónico. La directiva prevé un plazo de 14 días para devolver un producto comprado a través de Internet y obliga a indicar claramente el precio final del bien. Además, la norma facilitará a las empresas la venta de sus productos en otros Estados miembros.
Las nuevas normas sobre la resolución alternativa de litigios en Internet, aprobadas en marzo de 2013 y aplicables a partir de 2015, facilitarán el acceso de los consumidores a vías de mediación imparcial para resolver sus litigios con los vendedores de los productos o servicios que han adquirido.
El propósito es evitar largos y costosos procesos judiciales.
Los diputados han asegurado en las negociaciones con los Gobiernos nacionales que el sistema será, o bien gratuito para el comprador o bien se cobrará un derecho simbólico.
El plazo general de resolución de litigios será de 90 días.
Para facilitar la resolución de litigios en las ventas por Internet se creará una nueva plataforma en línea, en todas las lenguas de la UE, que orientará al consumidor sobre el sistema de mediación más idóneo. La plataforma ofrecerá un formulario de reclamación estándar que el consumidor podrá cubrir en su propia lengua.
La reclamación presentada en la plataforma se transmitirá después al mediador y todas las fases del procedimiento podrán ser tratadas a través de Internet.
Uno de los mayores logros del Parlamento en esta legislatura es el de la reducción de los precios de las llamadas en el extranjero desde teléfonos móviles, smart phones y tabletas, de acuerdo con el nuevo reglamento sobre tarifas de itinerancia (roaming).
Con los nuevos límites, que gracias a los eurodiputados son inferiores a los propuestos por la Comisión en un principio, el precio máximo por minuto de una llamada internacional de teléfono móvil ha bajado de 35 a 24 céntimos en 2013, y descenderá a 19 céntimos a partir del 1 de julio de 2014.
Por primera vez, se limitan también las tarifas de los servicios de datos en el extranjero, que cuestan un máximo de 70 céntimos por megabyte desde julio de 2012 y se reducirán a 20 céntimos a partir del 1 de julio de 2014.
El Parlamento ha aprobado nuevas normas que refuerzan los derechos de los viajeros de autobús y autocar y de los pasajeros de barco. Los que viajan en autobús a distancias superiores a 250 km y los pasajeros de barcos tienen ahora derecho al pleno reembolso de sus billetes si al final del viaje se ha producido un retraso de más de hora y media.
Las nuevas reglas prevén el derecho a un itinerario alternativo, a comidas, refrescos y hasta tres noches de alojamiento, en caso necesario.
Los diputados han asegurado que los pasajeros con movilidad reducida puedan recibir asistencia, si la solicitan a la empresa de transporte al menos 36 horas antes del comienzo del viaje.
En 2011, el Parlamento aprobó una reforma de la legislación sobre el etiquetado de los alimentos cuyo objetivo es que el consumidor reciba toda la información necesaria para tomar decisiones fundadas y poder optar por productos sanos.
De acuerdo con las nuevas normas, la etiqueta del producto debe contener informaciones nutricionales claras, relativas, por ejemplo, al aporte energético y el contenido en grasas, azúcares y sal.
La indicación del país de origen será obligatoria en todos los productos cárnicos. Además, las normas sobre fechas de caducidad y de consumo preferente serán más coherentes, y los fabricantes deberán especificar con claridad los ingredientes alérgenos.
El Parlamento rechazó una propuesta legislativa sobre los llamados nuevos alimentos, puesto que los Estados miembros no aceptaron incluir información en el etiquetado de los productos sobre su eventual procedencia de animales clonados.
Los eurodiputados, al igual que una amplia mayoría de la opinión pública, consideran que es necesario disponer de toda la información sobre el bienestar de los animales clonados y el derecho a la información de los consumidores.
Los eurodiputados también vetaron la autorización de una sustancia conocida como "pegamento para la carne", que permite juntar trozos de carne para formar filetes. Los diputados rechazaron esta propuesta porque podría inducir a engaño al consumidor.
Los eurodiputados insisten en la necesidad de mantener ensayos rigurosos a escala de la UE sobre los cultivos de organismos modificados genéticamente (OGM) y normas sobre etiquetado para garantizar que el consumidor esté plenamente informado.
El Parlamento ha apoyado la propuesta de que sean los Estados miembros los que decidan si admiten o no el cultivo de transgénicos. Los diputados quieren que los países dispongan de una serie de posibilidades para prohibir o restringir los cultivos de semillas sin vulnerar por ello las normas comerciales internacionales.
El Parlamento se ha declarado dispuesto a negociar nuevas normas a este respecto con los Gobiernos nacionales.
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Ciudadanía • Vivienda • Nov 2022
La concejala de Servicios Sociales de València, Isabel Lozano, ha destacado también el descenso de personas sin hogar en el mismo periodo
La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha informado sobre los asentamientos situados en el extrarradio de la ciudad y la población vulnerable que habita en ellos, que se han reducido. Del año 2020 al 2021 se ha pasado de 34 asentamientos a 31, y de 610 personas a 527.
Además, el recuento de personas sin hogar realizado en 2021 también arrojó unos datos que confirmaban la bajada de la población en situación de calle en València, pasando de las 570 personas que se encontraban en esta situación en 2019, a las 352 de 2021, lo que supone una disminución del 38%.
Isabel Lozano ha subrayado que “durante los gobiernos del Partido Popular nadie sabía cuántas personas se encontraban en esta situación en València, porque nadie hacía un recuento, pero ahora, gracias a la valentía del gobierno de Joan Ribó, sabemos exactamente cuántas personas son, cuáles son sus ubicaciones y cuáles son sus necesidades”.
Los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS), se han beneficiado de aumento de 193 nuevos profesionales llegados en los últimos meses. Además, el Ayuntamiento cuenta con un equipo específico de atención integral en vivienda precaria que presta el servicio de soporte e interviene con las familias derivadas por los CMSS.
De hecho, Lozano ha recordado que desde 2018 el gobierno municipal ha incrementado este equipo, pasando de 8 a 12 profesionales y, ahora, realizan una intervención comunitaria más intensa en todos los asentamientos. “Tenemos el compromiso de elaborar una Estrategia Municipal sobre Asentamientos para establecer líneas de intervención social específicas desde todas las áreas municipales. Un abordaje global que nunca, hasta ahora, se había realizado en el Ayuntamiento de València”, ha inicidido la concejala Lozano.
En este contexto, cabe recordar que el gobierno de Joan Ribó ha renovado el contrato del Servicio de Atención a Urgencias Sociales y ha doblado su presupuesto (de 439.271€ a 800.480€), por lo que ahora está ofreciendo un servicio de 24 horas y ha incrementado su personal de once a dieciséis profesionales.
De forma paralela, el actual gobierno ha abierto el Centro de Atención a Emergencias Sociales y Climáticas que se abre durante los meses de más frío en invierno y cada vez que se activa una alerta roja por altas temperaturas, para ofrecer un espacio seguro a las personas sin hogar.
Y asimismo, se han puesto en marcha 6 viviendas municipales compartidas para el programa de personas sin hogar, por las que han pasado ya 15 personas y se ha redactado el proyecto para construir un nuevo recurso de alojamiento para emergencias habitacionales, con un total de 20 apartamentos y espacios comunes en el Cabanyal.
Todo esto se suma a la “cifra récord” de las más de 600 plazas de alojamiento en distintos albergues que el Ayuntamiento de València tiene conveniadas y contratadas con entidades del tercer sector.
Por todo esto, Isabel Lozano ha puesto en valor que “el gobierno de Joan Ribó es el que más recursos y más políticas sociales ha dedicado a las personas en situación de calle y a las personas que viven en asentamientos o viviendas precarias. Aquí están las cifras de los programas, recursos y profesionales que se han generado en estos años”. • 11/22
ODS 7 • València • May 2022
La ciudad de València presenta una campaña que incluye diferentes acciones como la emisión de un video en los autobuses de la EMT o la colocación de carteles en autobuses, MUPIS y puntos fijos de la ciudad
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa y de sensibilización sobre la necesidad de implantar sistemas de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica y las ventajas fiscales de su instalación consistentes en la bonificación de la Ordenanza del IBI y la del ICIO.
El concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramon ha afirmado que "las energías renovables son fundamentales para nuestros objetivos de ciudad, para combatir la emergencia climática, promover la transición energética y ayudar a las familias de València a poder contribuir al cambio de modelo energético”, y ha indicado que “desde el gobierno de Ribó queremos ayudar a los vecinos y vecinas de València, y además lograr nuestro reto de descarbonización”.
La campaña va a llevar a cabo diferentes acciones entre las que destacan la emisión de un video de una duración de 10 segundos a través del Canal EMTV, que se podrá ver durante tres meses en los 450 autobuses de las 45 líneas de la ciudad. También se realizará una campaña gráfica que se instalará tanto en el interior como en el exterior de algunos autobuses, así como en diferentes elementos fijos de la ciudad como marquesinas, MUPIS, mástiles y relojes.
Con la firma del Pacto de los Alcaldes y las Alcaldesas y la elaboración del Plan de Acción de Energía Sostenible (PACES) de la ciudad de Valencia, el Ayuntamiento de València se comprometió a poner en marcha una serie de acciones encaminadas tanto a la adaptación al Cambio Climático como a la mitigación de las emisiones de CO2 y estableció entre otros el objetivo de aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables. Desde el primer momento está desarrollando sus competencias en Transición Energética y Lucha contra el Cambio Climático a través de diversas herramientas e iniciativas, desde nuevos instrumentos de planificación, como el denominado Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en la Ciudad de València, hasta la Oficina de la Energía o el Observatorio del Cambio Climático.
Recientemente, la Comisión Europea ha anunciado que València ha sido designada como una de las 100 ciudades europeas que asumirán el reto de convertirse en climáticamente neutras e inteligentes en 2030. El concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramon ha señalado al respecto, que “éste es un objetivo muy ambicioso que sitúa en València como referente europeo en la lucha contra el cambio climático, pero para que este proyecto sea un éxito es necesario implicar a toda la sociedad, desde las administraciones, las empresas, las asociaciones, los medios de comunicación y especialmente a la ciudadanía”.
Ante el elevado incremento del coste de la energía que han de soportar tanto las personas en sus hogares como en los comercios y negocios, se hace necesario promocionar de la implantación de paneles fotovoltaicos con el doble beneficio del ahorro en la factura energética para quien hace esa inversión y la contribución en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que beneficia al conjunto de la sociedad.
Unión Europea • CDR • Abr 2021
Andalucía, Asturias, las Islas Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y el País Vasco han mostrado su apoyo a la propuesta, incluida en el Dictamen que ha presentado Cantabria en el último pleno del Comité Europeo de las Regiones • Las regiones atlánticas en toda Europa se han visto especialmente afectadas por el Brexit y la COVID-19 en los sectores de la pesca, el comercio, el turismo, los enlaces marítimos y las cadenas logísticas
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha adoptado una serie de propuestas para reforzar la cooperación entre las regiones atlánticas de la UE a fin de afrontar mejor el impacto del Brexit y de la COVID-19. La asamblea de ciudades y regiones de la UE aboga por crear una macrorregión atlántica que defina estrategias comunes para impulsar los sectores prioritarios de la economía azul, como son la pesca, el comercio, el turismo y el transporte. Las propuestas del CDR figuran en el Dictamen Un nuevo enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica – Plan de Acción Atlántico 2.0, presentado por el gobierno de Cantabria y aprobado por unanimidad en el pleno de los días 17, 18 y 19 de marzo de 2021. Las regiones atlánticas de la UE están situadas en cuatro Estados miembros: España, Francia, Irlanda y Portugal.
Las regiones atlánticas se enfrentan a una doble crisis económica. En primer lugar, a las consecuencias, aún por cuantificar, del Brexit en relación a la pesca, el turismo, el comercio y el transporte. En segundo lugar, al impacto generado por la COVID-19, que ha implicado una drástica reducción de la movilidad con efectos específicos en las infraestructuras, los enlaces marítimos, las cadenas logísticas y el sector turístico.
En este contexto, el Comité Europeo de las Regiones ha aprobado una serie de propuestas para reforzar la cooperación entre las regiones atlánticas de la UE. Una de ellas es la creación de una macrorregión atlántica. Los miembros del CDR consideran que esta es la fórmula más adecuada para ahondar en la cooperación, abordar conjuntamente los retos marítimos y territoriales, mejorar la coordinación entre regiones atlánticas y sus respectivos Estados miembros, y racionalizar la financiación y el acceso a los fondos europeos.
El Dictamen recoge una serie de medidas concretas, a saber:
El CDR acoge con satisfacción el pilar del Plan de Acción Atlántico (PAA) relativo a las energías renovables, y lo considera una oportunidad inmejorable para impulsar la producción marina de energías renovables en la UE.
La asamblea de ciudades y regiones de la UE lamenta que queden excluidas del PAA algunas actividades clave de la economía azul, como la construcción naval y marítima, los sectores del transporte, la navegación de recreo, la industria auxiliar y las actividades de turismo sostenible relacionadas con el medio marino, incluidos los deportes acuáticos, el turismo de cruceros y los transbordadores. Los miembros del CDR subrayan que ni la pesca, ni el marisqueo, ni la acuicultura se tratan como temas por derecho propio en el PAA.
Los miembros del CDR proponen que la nueva macrorregión atlántica siga el mismo modelo de gobernanza multinivel de la macrorregión alpina y se centre en una serie de ámbitos de carácter auténticamente transnacional, como son la energía marítima, la pesca, la protección del medio ambiente, el cambio climático, el transporte y la investigación científica y tecnológica.
El CDR apoya el desarrollo de la Autopista Ferroviaria Atlántica y las conexiones ferroportuarias y las carreteras de enlace principales de la «última milla», tanto entre las infraestructuras existentes como entre los corredores de la RTE-T y otras líneas del Espacio Atlántico.
No obstante, El CDR lamenta que ninguno de los pilares del PAA esté relacionado con el turismo y el patrimonio cultural, «signo de identidad del espacio atlántico europeo». • 4/21
ODS • Movilidad • Nov 2020
Los promotores interesados tienen la posibilidad de instalar puntos de recarga en 400 estaciones de tren de vías electrificadas y principalmente de recorridos interurbanos distribuidas a lo largo de todo el territorio del país • En la Comunidad Valenciana se instalarán en 17 estaciones: 3 en la provincia de Valencia, 7 en la de Alicante y 7 en la de Castellón • El modelo de desarrollo comercial se articula en una fase de solicitud de viabilidad técnica por parte de los interesados, cuya documentación ya está publicada en las webs de ambas entidades, y en una posterior licitación • Con esta iniciativa, ambas entidades impulsan la extensión del radio de acción del vehículo eléctrico fuera de las áreas metropolitanas, gracias a su red de más de 9.700 km de líneas electrificadas y a la propia red de estaciones
Adif y Adif Alta Velocidad (Adif AV) han completado la definición del modelo de desarrollo para la promoción de puntos de recarga eléctrica (PRE) rápida de vehículos en estaciones, que se articulará en dos fases: solicitud de análisis de viabilidad técnica y licitación del arrendamiento de espacios. Los interesados ya pueden consultar en las webs de Adif y Adif AV el procedimiento de solicitud de análisis de viabilidad técnica para la instalación de puntos de recarga eléctrica y la documentación anexa.
Desde hace años, Adif ha venido estudiando la forma de aprovechar la infraestructura eléctrica de su red. Fruto de los diferentes proyectos de I+D+i que se desarrollan fue el registro de una patente sobre el Procedimiento de control del sistema y carga de baterías desde el sistema eléctrico ferroviario.
Lo novedoso de este sistema es que permite la captación de energía eléctrica en alta tensión (AT) del sistema eléctrico ferroviario y su transformación a baja tensión (BT), sin afectación al tráfico ferroviario, para la creación de puntos de recarga eléctrica abiertos al público que serán utilizados por los vehículos eléctricos. A esta solución de conexión se le une la que se puede hacer desde las subestaciones eléctricas de tracción de la red ferroviaria, permitiendo crear igualmente puntos de recarga eléctrica. El despliegue de todos ellos, con uno u otro sistema, se realizará bajo la marca Ferrolinera, registrada por Adif.
Adif ofrecerá a potenciales promotores de este tipo de dispositivos la posibilidad de instalarlos, previo análisis de viabilidad técnica, en 400 estaciones de tren de vías electrificadas y principalmente de recorridos interurbanos distribuidas a lo largo de todo el territorio del país.
Los promotores interesados deberán instalar en la estación correspondiente al menos un PRE de carga rápida con dos conectores, al objeto de que se pueda efectuar una recarga rápida simultánea de dos vehículos eléctricos.
El modelo diseñado por Adif y Adif AV para el despliegue de estos dispositivos es abierto y continuo en el tiempo y se articula en dos fases.
En una primera fase se abre un proceso de solicitud de interés de los potenciales promotores en colocar cargadores en las estaciones que así lo consideren. Posteriormente, el administrador de infraestructuras realiza un estudio de viabilidad técnica sobre las solicitudes recibidas para cada emplazamiento. Una vez concluya este análisis se licita, en segunda fase, el arrendamiento de espacios sobre los que efectuar el despliegue y la comercialización de puntos de recarga eléctrica.
La duración de la explotación de los PRE tendrá un plazo de once años a contar desde la fecha de la firma del contrato, teniendo en cuenta que se contempla un periodo de alrededor de un año para acometer las obras de adecuación de espacios e instalaciones. No obstante, podrá prorrogarse por un plazo no superior a la mitad del inicialmente contratado (5,5 años), previa solicitud.
El adjudicatario asumirá los costes de adaptación de las instalaciones e infraestructuras necesarias para conseguir el suministro de la energía eléctrica con la potencia acordada, que podrá oscilar entre un mínimo de 100 kw y un máximo de 500 kw, en función de las circunstancias técnicas analizadas en cada estación. Esta potencia permitirá a los promotores de los puntos de recarga ofrecer un mix comercial por tipo de recarga (rápida o super-rápida)
Adicionalmente, si la estación de viajeros no contase con un gestor de aparcamiento específico, el promotor también podría instalar puntos de carga lenta o semi-rápida ampliando, de este modo, su oferta comercial.
Las características de este tipo de recargas hacen que, si fuera el caso, el promotor también pudiera desarrollar áreas de espera o refrigerio mientras se efectúa la misma y existiera disponibilidad de espacios en la estación.
Se ha previsto la obligatoriedad de que el adjudicatario o gestor de los puntos de recarga los incluyan en Apps y webs especializadas, así como que faciliten su reserva anticipada e información sobre el dispositivo. El administrador de infraestructuras también informará en su página web de los PRE de las estaciones.
El papel de Adif en este modelo es la puesta a disposición de sus medios y espacios disponibles para que los promotores de los PRE puedan realizar ese despliegue, lo que implica ser:
De este modo, Adif y Adif AV tratan de aportar valor a la carencia detectada en el desarrollo de la electromovilidad en nuestro país. De acuerdo con los informes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), España, con unos 5.200 puntos de recarga (2018), tiene una penetración inferior a la media de la UE (4,9 frente a 28,3 puntos de recarga rápida por cada 100 km de carretera), y el 40% se concentran en cuatro provincias.
Además, apenas el 5% de los puntos de recarga pública existentes en nuestro país permite una carga de, al menos, 40 kW (carga rápida) y sólo el 35% de la infraestructura de recarga de España es interurbana.
Con esta iniciativa, Adif y Adif AV buscan contribuir a paliar uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la carga de vehículo eléctrico -la dificultad de su aplicación a la movilidad interurbana- en una red de más de 9.700 kilómetros de líneas electrificadas y la propia red de estaciones de viajeros. De este modo, el radio de acción del vehículo eléctrico podrá extenderse fuera de las áreas metropolitanas, y, además, los ciudadanos de otras áreas podrán acceder al sistema.
Por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, se prevén 17 estaciones con puntos de recarga, que son las siguientes:
La implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos se enmarca en el Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Adif y Adif AV 2018-2030, que contempla el fomento de la movilidad sostenible y la electromovilidad como herramienta para cumplir con los objetivos de descarbonización de la actividad económica.
Asimismo, se circunscribe en la estrategia de las compañías tendente a fortalecer su marca y situarla en otros mercados, para, optimizando el aprovechamiento de sus recursos, obtener nuevos ingresos, incrementar la rentabilidad de sus distintas áreas de negocio y fomentar la coordinación y las sinergias entre ellas.
Esta iniciativa contribuye a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 11 (garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos) y ODS 13 (adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos), que tiene entre sus metas incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. • 11/20
ODS • Futuro sostenible • Sep 2020
El Ayuntamiento de València, a través de València Activa, trabaja junto a Climate-KIC, la mayor iniciativa europea de innovación y emprendimiento climático de Europa, en el desarrollo de iniciativas para el fomento del empleo y el emprendimiento verde en la ciudad de València, así como en la puesta en marcha de acciones formativas en esta materia • Así lo señaló la responsable del Área de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, Pilar Bernabé, quien visitó las instalaciones de EIT Climate-KIC, que tiene su sede de España en la ciudad de València
En esa línea, Pilar Bernabé ha puesto en valor que “una institución tan relevante a nivel europeo como Climate-KIC,que cuenta con la mayor aceleradora de Europa en tecnologías limpias, tenga su sede española en València, habla mucho y muy bien de las fantásticas cualidades que tiene esta ciudad para emprender e innovar”.
“València, gracias a la colaboración con entidades como Climate-KIC, se sitúa como referente en el desarrollo tecnológico y la innovación sostenible y demuestra su compromiso con el cambio climático”, ha destacado la concejala, quien ha remarcado que “desde el Ayuntamiento de València, València Activa y VLC Tech City apostamos por este tipo de proyectos que fomentan el emprendimiento verde y además impulsan el conocimiento en un área tan importante como es la lucha contra el cambio climático y el desarrollo económico sostenible”. Asimismo, Bernabé ha señalado que “son este tipo de iniciativas, en las que se trabaja conjuntamente desde diferentes ámbitos e instituciones, públicas y privadas, en las que se alinean esfuerzos y objetivos, las que han llevado a que València sea finalista para convertirse en Capital Europea de la Innovación 2020”. En ese sentido, la edil ha recordado que “la estrategia de la ciudad para posicionarse como un hub innovador y tecnológico de referencia en Europa pasa por una estrecha colaboración con los diferentes agentes innovadores, principales generadores de talento y conocimiento en nuestra ciudad, y en esa línea trabajamos desde VLC Tech City”.EIT Climate-KIC es la agencia de innovación climática de la UE que trabaja para acelerar la transición hacia un mundo resiliente y libre de emisiones de carbono a través de la transformación de los sistemas. Con sede en Ámsterdam, EIT Climate-KIC opera desde 13 centros en toda Europa y está activo en 39 países. EIT Climate-KIC se estableció en 2010 y está financiado principalmente por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea.
Como Comunidad de Conocimiento e Innovación (KIC), EIT Climate-KIC reúne a más de 400 socios del ámbito empresarial, académico, público y sin ánimo de lucro, para crear redes de conocimientos especializados a través de las cuales se desarrollen y comercialicen productos, servicios y sistemas innovadores para lograr un mayor impacto en la sociedad. • 9/20
Ciclismo urbano – Ocio y transporte sostenible
Legislatura 2009-2014 • PE en temas sociales
El cambio climático, quizás el mayor desafío de nuestro tiempo, sigue siendo una de las preocupaciones clave del Parlamento Europeo.
Durante las cumbres de la ONU sobre el clima, los diputados han exhortado a la UE y a sus interlocutores internacionales a marcar objetivos más ambiciosos, de cara a la posible firma, en el año 2015, de un tratado mundial vinculante de lucha contra el cambio climático.
Tras definir los objetivos esenciales de la UE de aquí al año 2020, como reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar una cuota de energías renovables del 20%, el Parlamento ha centrado su atención en otras medidas importantes.
Entre ellas, se incluyen los planes para congelar parte de las subastas de derechos de emisión de C02, en el marco del régimen de comercio de emisiones de la UE (ETS, por sus siglas en inglés).
El objetivo es animar a las empresas a que inviertan en tecnologías innovadoras para reducir las emisiones.
El PE ha adoptado esta Legislatura una nueva directiva sobre eficiencia energética que obliga a renovar un mínimo de edificios públicos e impone auditorías energéticas a las grandes empresas.
De acuerdo con la nueva normativa, las compañías energéticas también tendrán que presentar planes de ahorro. Se estima que la reducción del consumo energético de la UE en un 20% puede ahorrar cerca de 50.000 millones de euros al año.
Los eurodiputados siguen adelante con la revisión de las normas sobre biocombustibles, con el objetivo de dirigir la inversión a combustibles más modernos, con un menor impacto sobre el medio ambiente y que no reduzcan el suelo dedicado a la producción de alimentos.
Los hogares europeos ya no correrán el peligro de quedarse sin suministro de gas en futuras crisis energéticas, gracias a la aprobación, por parte del Parlamento, de un nuevo sistema de coordinación e interconexión a escala europea.
El PE ha defendido normas para impulsar la innovación y reducir de aquí a 2020 las emisiones de dióxido de carbono (C02) procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos.
Estas medidas permitirían limitar el impacto climático de los transportes por carretera en la UE y ofrecer a los conductores posibilidades de mejorar la eficiencia energética de sus vehículos.
La Eurocámara también dio luz verde a una nueva legislación que endurece los requisitos medioambientales y de seguridad impuestos a motocicletas, ciclomotores, scooters, quads y todoterrenos.
Estos vehículos representan solo un 2% del tráfico rodado pero protagonizan el 16% de los accidentes mortales.
Asimismo se ha adoptado otra directiva que introducirá hasta 2020 límites más estrictos a las emisiones de azufre de los barcos.
Más de 50.000 instalaciones industriales, desde centrales eléctricas hasta explotaciones porcinas, deberán cumplir normas más estrictas en relación a la contaminación del aire, el suelo y el agua.
Las nuevas reglas acordadas por el Parlamento Europeo restringen la presencia de contaminantes nocivos como el dióxido de sulfuro y los dióxidos de nitrógeno.
Los eurodiputados también han adoptado normas para poner fin al desmantelamiento de buques registrados en la UE en playas de países extranjeros y para garantizar que estos sean reciclados en emplazamientos aprobados por la Unión.
El Parlamento ha aprobado una nueva normativa sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos en la UE. Los Estados miembros estarán obligados a recoger y reciclar más frigoríficos, teléfonos y otros aparatos. Los diputados han contribuido a facilitar el retorno de productos pequeños, como teléfonos móviles, a las tiendas de electrónica y a impedir la exportación ilegal de residuos eléctricos a países no comunitarios.
El Parlamento dio luz verde a una nueva le9islación para asegurar que las compañías de gas y petróleo se responsabilizan de los daños ecológicos causados, que las empresas tendrán que estar en condiciones de afrontar para que se les autorice a hacer perforaciones en aguas de la UE.
También se ha actualizado la legislación sobre productos químicos, con el fin de reducir los riesgos para los ecosistemas y la salud pública. Por ejemplo, las nuevas reglas sobre el control de los pesticidas prohíben el uso de las sustancias más peligrosas y exigen que se encuentren alternativas a algunos químicos problemáticos que se siguen utilizando.
El Parlamento también ha reforzado la normativa sobre inspecciones en plantas químicas peligrosas. Según la nueva ley, los ciudadanos tienen derecho a saber si hay instalaciones de este tipo en las inmediaciones de su lugar de residencia.
