En época de inauguraciones los cargos públicos se ponen nerviosos y se convierten en peces. Y así muchos por la boca mueren.
A pesar de que a la alcaldesa Alonso (Elche) no le cueste echar las culpas de retrasos o cambios de trayecto (del tren AVE) al Gobierno anterior (hablamos de Moncloa) y que entonces ahora habrá que apañarse y aplicar el “sentido común para solucionarlo” (tanto los retrasos de calendario como la obligada estación tangencial), la ramificación hacia el Este peninsular se aprobó hace más de una década, con un pletórico Álvarez Cascos en Fomento, cuando España iba bien.

El tiempo pasa y hoy el mismo Álvarez Cascos, desde Asturias, despotrica contra Moncloa por la marginación del Principado. El tiempo sigue pasando y hoy Elche ya no es socialista y es “ciudad amiga de Alicante” (en palabras de Alonso). ¿Es que antes no lo eran?
Por ello la alcaldesa morena le plantea a su colega rubia un “nobleza obliga” mediante un exótico argumento: “igual que hacemos nosotros colaborando con Alicante, para llevar a la gente que viene al aeropuerto de Elche, Alicante segurísimo que colabora para que la gente que viene a través del AVE llegue a la ciudad de Elche”. Segurísimo, che.
Estas alcaldesas que están en todo no nos dan respiro por momentos. Ya habrá tren entre ambas ciudades. Y tranvía. Y al menos uno de ellos con parada en el aeropuerto. Pero todo ello con los retrasos propios que las plataformas políticas terminan planteando hacia los contratistas y operadores.
De los 100 minutos anunciados entre Madrid y Alicante al presentar el proyecto (Álvarez Cascos), se pasó a los actuales 125 minutos (como mínimo) parando sólo en Albacete. Entre ambos cálculos está la inclusión de Cuenca en el trazado (allí aparecen esos 25 minutos entre mayor recorrido y otro stop) y que además hasta fin de año rondará de 145 minutos a 160 minutos según cuántas paradas efectúe.
Qué motivos hubo y quién incluyó Cuenca, no importa. Qué motivos hubo y quién aceleró la puesta en servicio con trenes no compatibles al 100% con el sistema de señales, no importa. O casi no debería importar, si no fuera porque todas esas decisiones (incluidas las erróneas, claro) se financian al 88% con dinero del contribuyente. Los contratistas harán las obras con el trazado que se apruebe y los operadores explotarán los servicios por donde esté el riel.
Puesto que los ciudadanos son los que pagan aciertos y errores de las decisiones políticas sobre infraestructuras públicas, que ejerzan su derecho más enérgicamente si cabe y reclamen la recuperación de ramales para servicios de cercanías y regionales. ¿De qué sirve ser el país más empobrecido de los “cinco grandes” de la UE en parte a costa de tener la mayor extensión de vías de alta velocidad? Cualquiera de los otros cuatro países tiene un servicio ferroviario mucho más desarrollado socialmente por mera capilarización de la red.
Dado que el tren es el servicio público de transporte colectivo por excelencia, mientras haya un solo operador en la red carece de sentido aplicar criterios mercantiles para mantener operativa una línea. Las rentables (que las hay) deben financiar a las menos rentables porque debe primar el carácter social y de servicio hacia toda la población. Y si ésta no reclama y no mantiene un nivel elevado de reivindicaciones, la culpa ya no será del cha cha cha. • 6/13
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